La reversión de infraestructura

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    La Corte Constitucional avaló la reversión al Estado de toda la infraestructura de dos operadores de telefonía celular en el país: Movistar y Claro. Tigo y otras beneficiadas con espectro años más tarde no están obligadas a esto, lo que hace que la competencia no sea justa. Tampoco debemos olvidar que el Estado es socio de Telefónica/Movistar, lo que aún complica más este asunto.

    Para los que no entienden, la reversión quiere decir que todo lo que se haya adquirido: antenas, switches, edificios, computadores, etc., para poder ofrecer a los colombianos el servicio de telefonía móvil, obligatoriamente tiene que ser entregado al Estado una vez vencida y no renovada la concesión del espectro asignado a estas empresas.

    Esto fue establecido en los contratos firmados en 1994, cuando se inició la telefonía celular con seis operadores, que luego se consolidaron en dos, y va a hacer que el servicio que actualmente se está prestando y que no es el mejor se empeore porque no tendría ningún sentido que Movistar y Claro sigan invirtiendo en la infraestructura de sus negocios, ya que al final de su concesión todo lo tendrían que devolver.

    La decisión de la Corte, tomada por fuera de toda lógica de negocios, envía un mensaje muy negativo a aquellas empresas que quieran invertir en el país y es que no hay seguridad jurídica que avale y tranquilice a un inversionista extranjero que quiera crear empresas y negocios en Colombia.

    Existe una solución y es que, al renovarse la licencia del espectro, el próximo año se modifiquen los contratos firmados en 1994 eliminando la reversión de la infraestructura y que solo se devuelva el espectro concedido, y poniendo cláusulas que obliguen a que el servicio sea mejor de lo que es actualmente. Pero la reversión hay que eliminarla.

    Es un hecho que los colombianos no creen en la justicia, como lo demuestra su pésima posición en las encuestas de imagen, en las que aparece en los últimos lugares. Suelta a asesinos, un juez contradice a otro y lo regaña, de paso, como ocurrió con el caso del conductor ebrio Salamanca; mete a la cárcel a soldados y policías que muchas veces no se lo merecen, y comete otros desafueros que hacen dudar de la capacidad e imparcialidad de los que se visten de toga y se sientan al frente en los juzgados.

    Fuente: El Tiempo

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