La lucha de poder en la implementación de la comunicación 4G

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    Artículo El Tiempo

    Extractamos puntos en común de los protagonistas de la puja. La demora es uno de los inconvenientes.

    En Colombia la discusión sobre la implementación de las comunicaciones de cuarta generación, 4G, las cuales permiten a los dispositivos que acceden a Internet navegar a velocidades de 20, 30 o más megabits por segundo, no se ha centrado en sus ventajas y beneficios para el desarrollo social, económico y educativo de los ciudadanos.

    El proyecto de subasta se ha convertido en una lucha de poder entre operadores establecidos, extranjeros entrantes y grupos políticos donde cada uno, desde su óptica, presiona para proteger sus intereses particulares. A esto se suma la difícil situación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cuyo director fue recusado por Claro desde hace 10 meses en el marco de un proceso de medidas particulares en su contra para estabilizar la competencia en el mercado de llamadas de voz.Lea sobre la recusación de Comcel-Claro al director de la CRC

    Producto de todo ello, el Gobierno se encuentra en una encrucijada que lo ha llevado a un estado que ya es calificado por personas del sector como una “crisis institucional profunda”, pues determinaciones fundamentales como la actual subasta y correcciones a las fallas conocidas del mercado están detenidas. Lea nota sobre la carta que competidores de Claro le enviaron al Procurador General solicitando celeridad en las decisiones del sector.

    De haberse cumplido el cronograma inicial, Colombia estaría a la par de países como Paraguay, Chile, Brasil y Venezuela, que ya adjudicaron porciones de su espectro radioeléctrico para la masificación del 4G.

    El proceso de subasta de espectro colombiano es el que mayor cantidad de bloques pretende entregar de la región. Esto, sobre el papel, significa que cinco compañías podrán desplegar una oferta comercial sobre la tecnología LTE o 4G, de las cuales dos serían nuevos jugadores. UNE ya opera en Bogotá y Medellín.

    Sin embargo, el Gobierno, ante las presiones y polémicas, propuso un nuevo borrador con seis escenarios posibles. Hoy, el hermetismo del Ministerio de las TIC es total y no se sabe cuáles serían las condiciones finales, ni cuándo estarán listas.

    Lea nota sobre la última decisión respecto del borrador de condiciones de la subasta 4G 

    EL TIEMPO conversó con los presidentes de los cinco operadores móviles locales (Claro, Movistar, Tigo, UNE y Avantel), así como con dos empresas interesadas en la subasta (Azteca Comunicaciones y Directv), para que expusieran por separado sus opiniones y comentarios sobre este polémico proceso.

    La opción de dejar por fuera a Claro, operador dominante en el mercado de voz móvil, es una de las propuestas en común de la mayoría (ver recuadros). El principal argumento para ello es que, al no haberse regulado su poder sobre el mercado con medidas como los cargos asimétricos -que Claro pague más dinero a sus competidores cuando una llamada de su red vaya a la de ellos-, proceso que lleva seis años sin concretarse, no es factible considerar la subasta.

    “No hay condiciones de mercado. El dominio del 80 por ciento que tiene Claro en voz se pasará al de datos y así se haría inviable competir en Colombia”, dicen al unísono los competidores del operador dominante.

    Pese a la beligerancia de las posiciones contra Claro, en la que han terciado hasta congresistas y gobernadores, existen temas en común.

    A continuación, resumimos esos aspectos claves que, en consenso de la industria, deberían estar en la subasta de 4G y las opiniones particulares de cada interesado:

    Los puntos en común

    Urgencia. Que se tomen decisiones rápido, en 4G y en medidas pendientes. La mayoría de los operadores solicita definición en aspectos como la regulación del mercado de llamadas de voz, dominado por Comcel. “El regulador debe demostrar que es capaz de tomar medidas oportunas y pertinentes para el segundo mercado (de llamadas de voz móviles) más concentrado del mundo”, dice Alfonso Gómez, presidente de Telefónica.

    Competencia. Que se garantice una subasta abierta y libre para que lleguen nuevos competidores. “Debe ser un proceso de puja abierto, libre, con condiciones claras que incentiven la competencia, la entrada de nuevos operadores y de inversión. Se debe pensar en los usuarios, en un buen servicio, con tarifas competitivas”, comentó al respecto Juan Carlos Archila de Claro Colombia.

    Revisar precio del ‘roaming’. Los operadores móviles nuevos que ganen espectro 4G (entrantes) piden que les permitan usar las redes de los operadores actuales que ya las construyeron, mientras montan su propia infraestructura. Esto se denomina roaming nacional. El Gobierno ya trabaja en una medida que regulará la aplicación del roaming entre los operadores, sin embargo han llamado la atención pues el primer borrador incluye una tarifa de 34 pesos por megabit que deberían pagar los entrantes a los establecidos por usar sus redes, lo que en palabras de Raúl Amaya, Vicepresidente de Servicio y Tecnología de Avantel, resulta más caro que el valor que UNE cobra al usuario final de su Internet de alta velocidad 4G.

    Segmentos de espectro. Hay una coincidencia entre los operadores sobre la cantidad de segmentos que se deben subastar. Opinan que tales segmentos deben ser de 30 megahercios cada uno para garantizar suficientes porciones para subastar que permitan la entrada de operadores externos y ofrecer una buena velocidad de navegación 4G.

    Inversión. Obligar a los ganadores a crear redes rápido, a invertir y ofrecer servicios 4G. Prohibir, con medidas, que se especule (se gane espectro para venderlo luego). “La subasta debería contener medidas que prohíban a quienes ganen espectro que puedan vender, total o parcialmente sus empresas, sin que hayan invertido primero en infraestructura”, señaló Esteban Iriarte, presidente de Tigo.

    Las opiniones de los protagonistas de la puja

    Marc Eichmann, presidente de UNE

    El ejecutivo asegura que es necesario tomar medidas regulatorias antes de realizar la puja para “garantizar la competencia en el mercado”; de igual forma, señala que “el Gobierno no debe dejar participar a Claro en la subasta”. Sin embargo, propone que en caso de que la compañía mexicana pueda hacerlo, le impongan “topes (de participación de mercado) muy por debajo del 50 por ciento” o que “no pueda construir su red de 4G hasta dentro de cinco años”.

    “Estas son medidas lo suficientemente fuertes para que no se necesite dejarlos (a Claro) fuera de la subasta”, asegura.
    Respecto al proyecto que cursa en la CRC para que los operadores establecidos abran sus redes a los entrantes para que estos las puedan usar mientras montan su infraestructura, conocido como roaming, Eichmann señala que el valor planteado de 34 pesos por mega  no es viable. “Es mucho más costoso de lo que estamos ofreciendo comercialmente a cliente final”, dice. Al mismo tiempo, llama la atención sobre el riesgo que representa no subastar junto a las frecuencias AWS y 2.5, las bandas bajas (que el Gobierno pretende entregar el próximo año), pues eso le da una ventaja competitiva a los operadores establecidos quienes ya tienen espectro ahí y “estamos expuestos a que éstos tomen acciones legales para que la de 700 no se subaste”.

    Jorge Andrés Palacio, presidente de Avantel

    Con un discurso siempre enfocado en la importancia de que entren nuevos operadores para que se estimule la competencia en las comunicaciones, que argumenta con datos de Fedesarrollo y la Superindustria, Jorge Andrés Palacio propone que todos los operadores establecidos participen en la subasta, pero en la banda de 2.5. “Debe haber por lo menos 60 Megahercios de reserva en la banda de AWS para los entrantes, de los 90 disponibles, es decir, dos licencias de 30 para los entrantes y darles espectro a los establecidos en la banda de 2.500”, asegura.

    Palacio también propone “un precio base razonable, porque no es lógico poner a competir al entrante con el establecido pretendiendo que ambos monten la infraestructura en las mismas condiciones”. Por lo que considera que el roaming es una garantía que debe dar el Mintic para que la oferta comercial de los nuevos competidores sea lo más ágil posible, aunque considera que el precio de 34 pesos por mega que propone la CRC es muy alto.

    Alfonso Gómez, presidente de Telefónica

    El máximo ejecutivo de Telefónica en Colombia asegura que es “peligroso” llevar a cabo la subasta sin haber resuelto la posición dominante de Comcel – Claro. Y es enfático en señalar que “eso es lo que ha distorsionado todo en al sector”.

    “La subasta debe darse después de que el regulador demuestre que es capaz de tomar medidas oportunas y pertinentes para el segundo mercado más concentrado del mundo. Cualquier otra cosa es ampliar la dominancia a instancias del propio regulador”, dice Gómez.

    Carmen Lucila Osorno, presidenta ejecutiva de Directv

    La compañía de televisión por suscripción no se ha sumado a quienes piden que se retire a Claro de la puja, a pesar de reconocer que el ‘efecto club’ que esa empresa mantiene en el mercado de voz móvil hará más fácil que la posición de dominio que ostenta se traspase al Internet móvil. Sin embargo, considera que ese poder se puede contrarrestar con medidas como impedirle empaquetar el 4G con otros productos y que pueda ofrecer comercialmente el 4G dos años después de hecha la subasta.

    A Directv no le preocupa tanto como a otras empresas entrantes la reserva de espectro, aunque ha señalado que la mejor opción sería dejar un bloque exclusivo para los nuevos interesados en la banda de 2.500 megahercios.

    En cuanto al uso de la infraestructura de otras empresas -conocido como roaming-, Osorno comenta que lo necesitarán, pero es necesario que “digan ya a qué precios” y no esperar realizar esa negociación después de la subasta porque puede tardar años. Además, considera que el precio planteado en este momento por la CRC es demasiado alto.

    Alexandra Reyes, presidenta de Azteca Colombia

    “Lo ideal sería una subasta abierta y de manera simultánea en todas las bandas para operadores de redes y servicios establecidos no dominantes y entrantes, con la exclusión del operador dominante (Claro)”, señala Alexandra Reyes.

    Según su opinión, “permitir la participación del operador dominante so pretexto de su libertad de empresa, determina el fracaso del proceso puesto que para un proveedor entrante resulta imposible competir con aquél, que cuenta con espectro en bandas altas y bajas y con un permiso para espectro 4G “, afirma.

    Así mismo, la ejecutiva de Azteca Comunicaciones Colombia señala que “se debe garantizar el cumplimiento de la obligación de roaming por los proveedores establecidos durante toda la vigencia de los permisos que se otorguen.

    Consideramos que el objetivo de la subasta debe ser que el espectro sea usado para promover un mayor desarrollo tecnológico y ofertas alternativas en beneficio de los usuarios y no para una consolidación de las posiciones dominantes en la industria móvil”, puntualizó.

    Juan Carlos Archila, presidente de Claro

    En su opinión, la subasta debe ser un proceso expedito, abierto y que garantice la competencia. “El mundo está moviéndose rápido a redes 4G y la demora afecta la competitividad del país. Hay unas metas claras de accesos de banda ancha que se ha trazado el Gobierno para la ciudadanía y 4G es el camino para lograrlo”, afirma.

    Desde su perspectiva, es importante garantizar la libre competencia. “Como está la subasta hay espacio para que operadores establecidos y entrantes podamos pujar por espectro. De otro lado es vital que quienes obtengan el permiso inviertan rápido y de manera decidida. Hay que pensar en el usuario. Por otro lado se debe reducir la posibilidad de especulación con el espectro, que quienes ganen no vendan, sino que inviertan”, explicó.

    Finalmente reiteró que todas las opciones de exclusión, bloqueo o limitación de la participación de Claro en la puja “sería un atentado contra la libre competencia. Sería muy grave para el proceso excluir del 4G a 34 millones de personas que eligieron libremente y por las ventajas que ofrece a un proveedor que siempre ha estado comprometido con el país”.

    Esteban Iriarte, presidente de Tigo

    “Como está hoy en día la configuración del mercado nadie va a querer invertir en Colombia. El operador dominante no debe participar de la subasta de 4G”, señala el ejecutivo. Desde su óptica, Claro ya trasladó la dominancia de voz al mercado de datos. “En tráfico de datos móviles ya son dominantes también”, reveló. Ahora bien, Iriarte cree que si el regulador emite normas para controlar la dominancia de Comcel, como los cargos asimétricos, éste podría entrar a la subasta por espectro en la banda de 2.500 megahercios. Finalmente considera, respecto del roaming nacional, que la infraestructura de torres y redes de todos los operadores debe estar abierta y disponible para uso de todos. “Esto ayudaría mucho a que quienes ganen espectro tengan cómo hacer un despliegue y oferta de servicios más rápido para todos”, puntualizó.

    JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
    FELIPE CASTRO CERVANTES
    REDACCIÓN TECNOLOGÍA

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