El debate de las antenas

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    No hay ciudadano que hoy no se queje y reclame por el servicio que recibe de su operador celular. Hasta el Presidente de la República lo ha hecho, y ha conminado a su Ministro de las TIC a tomar cartas en el asunto.

    La mala señal y los constantes cortes en la comunicación son los principales karmas que agobian a los usuarios, y también a los operadores, que ofrecen el servicio a 42 millones de clientes de todo el país, que esperan sentirse a gusto con lo que reciben.

    Sin embargo, no es así. A agosto del 2013, a los 13 proveedores del servicio de telecomunicaciones se les han impuesto en total 218 multas, por valor de 9.150 millones de pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio estima que el número de quejas viene en aumento.

    Las tres compañías de celulares más grandes han invertido alrededor de 5.500 millones de dólares en infraestructura en los últimos seis años, y, aun así, no han conseguido que un asunto aparentemente simple –que no se caigan las llamadas– deje de generar mortificación entre los usuarios, para quienes el aumento de abonados y las ganancias que obtienen las empresas no son proporcionales a la calidad.

    El asunto cobra relevancia ahora que se avecina la llegada de la tecnología de cuarta generación o 4G, que pondría al país a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos que hoy ostentan otras naciones. Y entonces surge la pregunta de si se está preparado para esa revolución.

    Las prestadoras aseguran que la única forma de garantizar que las cosas mejoren es con la instalación de más infraestructura –léanse antenas– en ciudades y municipios del país. Hoy, añaden, están maniatadas por los planes de ordenamiento territorial, por la demora en la expedición de los permisos –que puede tomar hasta nueve meses– y por algunas comunidades, que las ven como una amenaza para la salud. Ello ha llevado a que proliferen instalaciones en lugares no apropiados: patios, garajes, lotes y edificaciones, donde su impacto visual y medioambiental genera la comprensible protesta de los vecinos.

    Según cálculos iniciales, existen en el país cerca de 12.000 antenas de Claro, Movistar y Tigo, y se requeriría instalar un número similar en los próximos meses para asegurar que el 4G y el servicio en general mejoren sustancialmente. Solo en la capital, según la Agencia Nacional del Espectro, la cantidad tendría que triplicarse.

    La posición de las empresas es comprensible en cuanto al cúmulo de normas que hoy hacen inviable garantizar una estructura mínima para optimizar el servicio. Lo obsoleto de algunas disposiciones –geográficas o de planeación urbana– obliga en ocasiones a instalar antenas de mucho menor alcance, con lo que la señal termina por afectarse y se repite el círculo vicioso de los reclamos.

    El país y la sociedad deben ser conscientes de que las nuevas tecnologías fuerzan a aceptar que las antenas llegaron para quedarse y se requerirán muchas más.

    Por lo tanto, es fundamental abordar la cuestión sin posiciones inamovibles o ventajosas. Debe darse un mínimo de condiciones que permitan la coexistencia entre aquellas y la comunidad, lo que se conoce hoy en el mundo como la “humanización tecnológica”.

    Bogotá ya plantea permitirlas en el espacio público exclusivamente, mimetizarlas –como ocurre en otros lugares– o colocarlas en sitios donde generen el menor impacto posible. Puede ser.

    Fuente: El Tiempo 

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